Hace algún tiempo escribí que la visión y la atención a la discapacidad según la vemos hoy surge, sobretodo en los países del llamado primer mundo, con la llegada del Estado del Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial. El aumento progresivo de bienestar y derechos sociales, hizo que se empezase a pensar en las personas con discapacidad, aunque fuese de forma asistencial. Anteriormente a esto, era la Iglesia quien, con un espíritu meramente caritativo, la que se hacía cargo de las personas con discapacidad.
Pues bien, como ya estamos comprobando, el Estado del Bienestar está siendo torpedeado sistemáticamente y, aunque odio que sea así, la realidad está confirmando sistemáticamente mi teoría. Me explico.
Como ya he escrito y dicho hasta la saciedad, el modelo que yo defiendo respecto a la discapacidad, es un modelo con dos bases teóricas básicas:
1º.- La función reivindicativa de las asociaciones de personas con discapacidad: Estas organizaciones, no deben ser las que den recursos, sino que digan que recursos se necesitan.
2º.- Consecuentemente con lo anterior, las Administraciones públicas no deben hacer dejación de sus funciones: Durante todos esos años, hemos visto que el asociacionismo ha sido la excusa perfecta de la Administración para delegar funciones en otras entidades privadas. Y lo que es peor, estas entidades cada vez se tienen que preocupar más por conseguir fondos para su propia existencia y menos a asegurar que se cubran las necesidades de las personas con discapacidad.
Eso es lo que yo decía, digo y repetiré hasta la saciedad. Pues bien, desgraciadamente, el tiempo me da la razón, aunque me moleste. Bien, veamos el panorama en varias de nuestras Comunidades Autónomas.
- La Xunta de Galicia, ya ha aumentado el grado de discapacidad a un 75% para acceder a una plaza en el Centro Santiago Apostol. Esto se hace cuando el grado para ser considerada persona con discapacidad es del 33%.
- En la Comunidad de Madrid, el Gobierno Autonómico ha comunicado el cierre del Centro Ocupacional Magerit, el Centro Ocupacional Fray Bernadinon y el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Arganda del Rey. Afortunadamente, el C.O. Margerit, tras cuatro meses de encierro de sus trabajadoras y trabajadores, ha conseguido llegar a un principio de acuerdo con el Gobierno de Esperanza Aguirre para evitar su cierre.
- En cuanto a la Comunidad de Canarias, decir que la Asociación AFADIS ya se están organizando ya que el Centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, para personas con discapacidad cierran sus puertas en los meses de verano. Esto, puede ser aceptable en centros de personas con discapacidades leves, pero no en personas que necesitan atención continua. Decir, que este centro es de gestión privada, y recibe, según datos facilitados por Paula Romero, Presidenta de la Asociación, 3.000€ por usuario y mes de la Administración, sin que esta ejerza ningún control ni se preocupe por las demandas de las familias.
- En cuanto a Castilla y León, decir que el único centro residencial para personas con discapacidad física está en León. Siendo el resto en su mayoría de centros, Centros de Día para personas con discapacidad intelectual. Hay excepciones de centros abiertos por asociaciones de familiares de afectados que han tenido que ser rescatados por la Administración al no poder mantener los costes.
Con este panorama, se podría hablar de un “estallido de la burbuja social”. Por enésima, vez me explico brevemente.
El Estado ve en las personas con discapacidad una carga social, consecuentemente intenta “externalizar” los servicios que deberían estar dando. Algunas asociaciones grandes y empresas sociales ven en esto una oportunidad de negocio magnífica, por lo que corren apresuradamente al banquete de subvenciones sin control. ¿Consecuencias de esto?
1º.- Se pierde el control de la Administración en un servicio social de primera necesidad, dejando la puerta abierta a precios abusivos, despilfarro de recursos, malos tratos e incluso desatención por falta de rentabilidad.
2º.- La mayoría de asociaciones, acaban estando más preocupadas por conservar sus infraestructuras, servicios y personal, que en escuchar las necesidades de las personas asociadas y sus familiares.
3º.- En tiempo de crisis se recortan las subvenciones, por lo que las entidades privadas tienen que hacer recortes o buscar obsesivamente financiación para no entrar en quiebra.
4º.- Todo esto hace que muchas asociaciones y empresas sociales se queden por el camino y el servicio de primera necesidad se deje de dar, o las empresas sociales y asociaciones tengan que ser rescatadas por el Estado. Hay que recordar que NO estamos hablando de tornillos sino, de personas que necesitan esos servicios para tener una vida digna.
A todo esto, hay que unir las corrientes anticentros que hay en ciertos sectores de la discapacidad, lo cual es aprovechando por políticos neoliberales para disfrazar la desatención social de apoyo a la vida independiente.
En fin, lo dicho, en los malos tiempos somos las personas con discapacidad las que pagamos los platos rotos. Somos como un termómetro del Estado del Bienestar y ahora nos está empezando a ir bastante mal. Cuidado.
Víctor Villar Epifanio.
